El conjunto de leyes aprobado por el Senado, que incluye aumentos jubilatorios y cambios fiscales, implicaría un gasto máximo de 3.250 millones de dólares para lo que resta de 2025. El Presidente ya anticipó que vetará las normas y estirará los plazos legislativos al máximo, apostando a que su espacio gane las elecciones de octubre. El objetivo: que las medidas no rijan en 2026, cuando debe cumplirse un superávit fiscal del 2,2% del PBI. La estrategia oficial combina freno institucional, licuación presupuestaria y expectativa de poder total. En paralelo, el Gobierno proyecta las reformas laboral, impositiva y previsional para el próximo Congreso, con guiños (y advertencias) a los jefes provinciales. Leer más