Luz Ríos a Gloria Ruiz: no fue persecución, fue responsabilidad institucional
Frente a las acusaciones de persecución, la legisladora reafirmó que el caso se trató de inconsistencias graves en la gestión de Ruiz, incompatibles con la responsabilidad de un cargo público.
En realidad el caso de Gloria Ruiz está lleno de contradicciones entre su relato personal y los hechos que rodearon su gestión, su vínculo político y las causas judiciales que hoy enfrenta. Ella pretende mostrarse como una vecina común, sin padrinos políticos, pero también reconoce haber negociado bancas legislativas, lo cual no es poca cosa. Eso no es poca cosa. Y mientras habla de persecución y traición, también admite que nunca se sintió parte del espacio al que eligió sumarse.
En lo judicial ocurre algo similar. Por un lado, reconoce que los fondos de Casa de las Leyes se manejaban en cuentas personales y admite que eso era “grave”; sin embargo, no asume que, siendo Vicegobernadora, tenía la responsabilidad y la posibilidad de evitar que eso sucediera, lo que evidencia una clara contradicción entre lo que reconoce y la acción que su cargo le exigía. Y después, cuando explica lo de los vehículos, el relato es tan enredado que lejos de aclarar, genera más dudas.
Tampoco es cierto que no exista oposición en la provincia. A diario escucho a diputadas y diputados en la Legislatura, en comisiones y en el recinto, y doy fe de que hay voces críticas y firmes que se expresan con libertad, como corresponde en una democracia. Reducir ese debate a una negación de la oposición es desconocer lo que sucede en la Legislatura.
Por eso, lo que hicimos en la Legislatura a fin de año no fue una persecución política. Fue cumplir con nuestra responsabilidad institucional: analizar su conducta y definir si tenía la idoneidad moral para seguir ocupando cargos públicos.
La conclusión es clara: las democracias no pueden depender de relatos personales ni de explicaciones contradictorias. El valor de las instituciones y de la división de poderes radica justamente en ofrecer un cauce legítimo y transparente para resolver conflictos de esta naturaleza. En el caso de Gloria Ruiz, fue el Poder Legislativo quien, ejerciendo su rol constitucional, definió que las inconsistencias de su accionar eran incompatibles con la responsabilidad de representar a la ciudadanía.