Y ahora, suben los impuestos a los combustibles
El 1 de febrero vence el congelamiento aplicado a los tributos que suman 27 meses sin actualizarse. El atraso es del 377% y desde Nación avanzan en un plan para ponerse al día en cuotas y ganar medio
Luego de la seguidilla de aumentos en el precio de los combustibles que aplicaron las refinerías, y que dispararon en más de un 100% el precio de la nafta y el gasoil en menos de un mes, ahora llega el turno de los impuestos que están congelados desde junio del 2021. Desde el gobierno nacional se busca trasladar al precio por litro en cuotas, comenzando el mes que viene.
Si bien, uno de los ejes de campaña del ahora presidente Javier Milei, fue el de recortar la carga impositiva que aplasta los hombros de múltiples sectores económicos del país, la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que se aplica a las naftas, y su par, el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) que grava al gasoil, no son un punto menor para el equilibrio fiscal que busca la gestión de gobierno.
El año pasado, el copioso atraso de estos dos impuestos representó para el Estado dejar de cobrar nada menos que el equivalente a 2.800 millones de dólares, una cifra que representó el 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI).
Esto marca, que la actualización de estos dos impuestos le permitirá al gobierno nacional hacer un efecto de doble pinza sobre el sector energético: por un lado se generarán cuantiosos recursos para las arcas públicas al subir los impuestos, mientras que en paralelo se reducen los subsidios a la energía (a la luz y el gas) por otro 0,5% del PBI.
Este efecto de doble pinza redundaría entonces en un ajuste de nada menos que 1 punto del PBI y tan solo dentro del sector de la energía.
El primer aumento en los combustibles se espera para el 1 de febrero, pero habrá más.
La fecha para el descongelamiento de estos impuestos está a la vuelta de la esquina, el próximo jueves 1 de febrero, ya que ese día vence el plazo de contención impuesto a la bola de nieve de este congelamiento.
De momento son 27 los meses en los que no hubo actualización de los impuestos que por la legislación actual se deben cargar cada trimestre y en función de la inflación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La bola de nieve del congelamiento comenzó en julio de 2021, y suma así al segundo semestre de ese año, todo el 2022 y tres trimestre del año pasado, es decir hasta septiembre de 2023, inclusive.
De acuerdo a la consultora Economía y Energía, el atraso en los impuestos a los combustibles líquidos llega al 377% y marcará al aplicarse subas del 16% en el caso de las naftas, y del 8,5% para el gasoil.
El dato
0,4%
del PBI fue lo que el año pasado dejó de cobrar el gobierno por no aumentar los impuestos a los combustibles, equivalía a 2.800 millones de dólares.
En detalle, la consultora que encabeza Nicolás Arceo determinó que mientras los impuestos en las naftas están congelados en 27,70 pesos por litro, el valor real que se debería pagar hoy en día por ese impuesto es de 131,90 pesos. Es decir, un adicional de 104 pesos por cada litro.
En el caso del gasoil, el atraso es un poco menor. El precio que se paga congelado desde 2021 es de 17,90 pesos por litro y el valor que debería abonarse al último corte contemplado es de 85,40 pesos, es decir, una suba de 67,50 pesos por litro.
Los valores son un cálculo promedio del país, ya que vale recordar que de la línea imaginaria que va desde Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, a Malargüe en Mendoza, se cuenta con un descuento impositivo conocido como Zona Patagónica o Ley Pichetto.
Este descuento es actualmente del 50% en la carga impositiva en las naftas y del 25% en el gasoil, que pese a esto se vende desde YPF a un precio más alto en la Patagonia que en regiones como la Ciudad de Buenos Aires.
Se viene el descongelamiento impositivo
Según revelaron a Energía On fuentes al tanto de los planes del secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, el esquema trazado contempla que no se aplicarán en una sola cuota estos 27 meses de impuestos atrasados, sino que se realizará de forma paulatina, en un plazo que podría ser de tres meses.
En ese esquema, la opción que se maneja con mayor peso por estos días es que la primera suba se aplique el mismo 1 de febrero y corresponda a un año entero de atraso. Si bien se trata de 4 de los 9 trimestres atrasados, en términos de impactos es menor ya que la inflación registrada en esos meses fue más baja.
En concreto, actualizar los impuestos hasta el nivel de mediados del 2022 representaría un alza en el valor de éstos del 20%, con un impacto bajo en el precio del surtidor, del 1% lo cual permitiría que en febrero también las refinerías puedan seguir recomponiendo sus márgenes.
Dicho esto más en claro, es posible que el mes que viene los aumentos en el surtidor sean mayores a ese 1%, pero no por la carga impositiva sino por una mejora en los ingresos de las refinerías que aún están más de un 25% por debajo de la buscada paridad de importación.
Los otros cinco trimestres de impuestos atrasados se dividirían entre marzo y abril, realizando nuevamente un mix con las mejoras buscadas por las refinerías que tienen como contrapartida permitir elevar el precio que se paga por el barril del petróleo a las operadoras que en los últimos meses viene mejorando tras también un largo congelamiento.
Otro aumento y con alta inflación
Pero la carga impositiva de este segundo escalón de marzo tendrá un plus: el 1 de marzo se deberá actualizar el último trimestre del 2023, en donde la inflación se recalentó y sumó un 46,6% que también se deberá trasladar a estos impuestos.
El plan inicial del gobierno era modificar el actual sistema del cálculo impositivo del ICL y el IDC para hacer borrón y cuenta nueva a la vinculación con la inflación que se instrumentó en el gobierno de Mauricio Macri.
Sin embargo, dicha propuesta no formó parte de los cientos de artículos y normas que se buscan modificar a través tanto del DNU 70/23 como de la ley ómnibus.
Al asumir la actual gestión, el plan oficial se centraba el quitar la vinculación de la inflación en la fórmula de actualización impositiva, para pasar a otro esquema con menor incidencia de los factores macroeconómicos como podría ser el de porcentuales del litro fijado desde el Ejecutivo, tal como funcionaba el viejo Impuesto al Transporte de Combustibles (ITC).
Los detalles del esquema que finalmente se impulsará siguen hoy siendo debatidos en el seno de la secretaría de Energía, con la única premisa no negociable de que se pueda contar con algún mecanismo que a futuro permita amortiguar hacia arriba o hacia abajo los vaivenes internacionales de los precios, teniendo en cuenta que la meta del gobierno es que los combustibles se vendan a precios de paridad de importación o exportación, según el tipo.
Combustibles: los aumentos podrían llegar al 45%
Si las subas aplicadas desde el fin del congelamiento de los combustibles, en noviembre, dispararon por las nubes los precios de los surtidores, al punto que en algunos puntos del país el litro de gasoil supera los 1.000 pesos, el triple combo de impuestos, atraso y devaluación amenazan con disparar otro 45% los precios en el corto plazo.
Ya se mencionó que el atraso impositivo a diciembre es del 16% y 8,5%, en naftas y gasoil respectivamente. A ese impacto en el precio se suma el nuevo trimestre que impactará en los impuestos en marzo.
En la vereda del atraso de la paridad de importación que buscan las refinerías se da cuenta de cerca de un 25% más, pero con el condimento del tercer factor que es la devaluación mensual que por ahora mantiene el gobierno en un crawling peg del 2% pero que podría acelerarse.
Y como si el combo fuera poco, la ley ómnibus en debate no contempló los impuestos pero sí otro factor que hará subir el precio de los surtidores y que son los biocombustibles.
La versión modificada del proyecto de ley base contempla un incremento en el corte de los biocombustibles por litro, un cambio que también encarecerá el valor final de las naftas y gasoil.
Las ventas, en picada
En este proceso existe un factor final que ya empezó a pasar factura: los consumidores. Tan solo en diciembre las agrupaciones empresarias del sector de las estaciones de servicio dieron cuenta de una caída en las ventas de combustibles de entre el 15 y el 20%, según el punto del país y la ubicación de cada estación.
Esta variable tendrá una incidencia en los futuros aumentos, más que en las alícuotas, en la rapidez de su instrumentación, que podría ser un poco más espaciada si se acelera la caída de las ventas.
Sin embargo, la menor demanda no es algo que asuste a las empresas, y menos a las integradas como es el caso de YPF. Desde el sector se reveló a Energía On que no ven un problema en una caída de la ventas, como podría creerse.
Esto se debe a que, ante una primera baja en la demanda las refinerías -integradas o no- compensarán con creces esos menores ingresos al dejar de importar combustibles, en especial el gasoil que se vende a pérdida.
Y si la caída de la demanda supera ese nivel, que llega en algunos momentos del año al 30%, las empresas integradas podrán incrementar sus exportaciones de petróleo que ya tienen mercados abiertos. Mientras que las refinerías no integradas podrán también exportar sus combustibles, en un croquis en el que podría ya estar vigente la flexibilización de las exportaciones que se incluyó en la ley ómnibus.