En las auditorías que está haciendo el gobierno de Rolando Figueroa, se detectó que hubo más de 700 empleados públicos que cobraron planes sociales en la gestión de Omar Gutiérrez.

En este sentido, se adelantó que a esos agentes se les iniciará un sumario y se buscará cesantearlos. Además, se les requerirá que devuelvan el dinero que consiguieron de manera irregular.

Como resultado de estas auditorías, que se están llevando adelante en todos los organismos del Estado neuquino, también se constató la presencia de "ñoquis" que no se presentaron nunca a trabajar en los últimos cuatro años.

El dato de la cantidad de agentes estatales que cobraban planes sociales se conoce en medio del escándalo de las estafas con esos programas que manejaba el ex Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en la que se investiga una defraudación al Estado en una cifra aproximada a los 153 millones de pesos.

Claudio Espinoza

La Justicia embargó los bienes

La semana pasada, un tribunal revisor confirmó la decisión de la jueza de Garantías, Carina Álvarez en la que prorrogan por el plazo de ocho meses el embargo y la inhibición de bienes para los imputados Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna.

La teoría de la fiscalía alcanza a un grupo de exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido.

Discrimina distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes al exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler; Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.

Sebastián Fariña Petersen