Un niño llamado Julián fue invitado el 23 de agosto, en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, a tomar la palabra y hablarle al gobernador y a la audiencia. “¿Para usted, qué significa cumplir?”, le preguntó. Omar Gutiérrez respondió: “cumplir es haber dado este paso”.

Ese día anunció que, a partir del ciclo lectivo 2018, los estudiantes que tengan alguna discapacidad podrán elegir si asistir a una escuela especial o a una común. Un “cambio de paradigma” hacia la educación inclusiva y una adecuación a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley de Educación Nacional 26206.

Neuquén ya cuenta con una tradición en integración de estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes, pero este paso pretendió ir más allá. A más de dos meses del anuncio, docentes y organizaciones pusieron en duda si los cambios, y los recursos, llegarán a tiempo.

Para empezar, hay demandas edilicias. Niños y niñas con dificultades motrices se pueden encontrar con más de un obstáculo desde el ingreso a la escuela hasta la salida al patio de juegos. Tampoco todos los establecimientos cuentan con baños para personas con discapacidad. Menos aún están preparados para niños y niñas con problemas visuales.

La preocupación principal, sin embargo, apunta a la falta de personal especializado. “Los maestros comunes no estamos capacitados, ni preparados para darles una atención adecuada a los niños. Pero en compañía, en conjunto y de manera interdisciplinaria como hacemos con las escuelas especiales, los podemos atender acá, con la orientación de ellos”, explicó la vicedirectora de la Escuela 181, Liliana Puel.

Apuntó la necesidad de nombrar equipos disciplinarios, tener mayor cantidad de psicopedagogos y fonoaudiólogos. “Estaría buenísimo que el anuncio hubiera sido desde ese lugar, pero así no es ninguna novedad que los chicos integrados estén en la escuela si los papás lo eligen, porque esto se hizo siempre”, reconoció.

En la provincia hay 56 escuelas especiales para una matrícula de 1.749 estudiantes, según los datos del Consejo Provincial de Educación (CPE) al 2016. El número representa una caída del 29% respecto del año anterior y es el más bajo desde el 2010. La cantidad de alumnos integrados en escuelas comunes, en cambio, experimentó un crecimiento: en 2010 había sólo 810 estudiantes en esa situación y, seis años después, subió a 1.415.

La primaria 197, por ejemplo, tiene 22 alumnos integrados. “Los chicos que tenemos hoy vienen con escuela especial, con maestros integradores una o dos veces a la semana”, contó la vicedirectora Alejandra Gianella. Describió las dificultades para atender los casos sin el apoyo especializado y sin preceptores que puedan ocuparse de monitorear el aula cuando surge alguna situación con los chicos.

“Los días que vienen las maestras integradoras es otra cosa: te ayudan, te contienen y sentís que estás bien encaminada. Esto a pesar de que es muy poca la presencia. Si hubiera una dupla pedagógica o un gabinete, sería mucho mejor”, explicó.

La aprobación de la resolución 1256 del CPE significó la derogación, entre otras, de la 1634 del 2013. Esa norma establecía una suerte de circuito por el cual los estudiantes eran evaluados para luego decidir si correspondía su integración en la escuela común o si era preferible que asista a la especial.

“A partir de ahora, a la persona que esté en el sistema común y tenga alguna dificultad de aprendizaje, la escuela ya no puede decirle a la familia ‘llévelo a la escuela especial’, sino que el sistema educativo tiene que poner los apoyos para que esa persona pueda desarrollar un proceso de aprendizaje acorde a sus necesidades. Eso es lo que cambia en este momento, pero la realidad que tenemos en las escuelas es bastante caótica”, explicó Carmen Senger, del Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La organización fue promotora de la modificación y una de las que participó en el acto que anunció su concreción. La alegría inicial, sin embargo, fue mutando a incertidumbre.

“El Estado no aseguró qué recursos van a estar disponibles. No hemos visto en ningún lado ni nos han llamado para decirnos ‘esto es lo que vamos a poner, este personal’, etcétera. Acá la infraestructura es importante, pero el recurso humano mucho más: quienes tienen que diseñar los proyectos pedagógicos individuales, los maestros de apoyo. En esto dudamos que vayan a aparecer y por eso estamos muy preocupados”, planteó.

La posición del sindicato ATEN es coincidente. Cuando se anunció la medida, planteó que el dato que marcaría si la voluntad política era cierta sería la presentación del presupuesto 2018.

Según el proyecto enviado la semana pasada, la inversión en Educación subió un 20% respecto de 2017. Son 17.361 millones de pesos en total, de los cuales el 81% va destinado al pago de salarios. Unos 689 millones serán para obras edilicias.

En el desagregado, la Educación Especial recibirá 949,3 millones de pesos, una suba del 46% en la comparación interanual. El mensaje del presupuesto no especifica si implicará un crecimiento en cargos. Desde el CPE tampoco respondieron los pedidos de entrevista realizados por este diario. Los datos del organismo al 2016 indican que hay unos 1.411 docentes en esa modalidad, entre maestros de apoyo o integradores y de educación especial.